A continuación se encuentran las controversias en las que el Panel Ciudadano tuvo mayor interés en obtener más información:
Agroquímicos: uso, efectos, control. Estudios, evidencias y posiciones sobre el glifosato y otros agroquímicos.

Coloquio sobre agroquímicos

Comentario del equipo: Se organizó un mini-coloquio sobre el tema, el cual tuvo lugar el domingo 13 de noviembre de 14 a 16hs. Los expositores fueron: Federico Montes (Dirección General de Servicios Agrícolas – MGAP), Amalia Laborde (Departamento de Toxicología de Facultad de Medicina y CIAT) y Andrés Pérez (Facultad de Química y CURE). {Las presentaciones y los audios están disponibles en el siguiente}

Federico Montes explicó que Uruguay es un país de base agropecuaria y productor de alimentos, que ha definido el eje de la “intensificación sostenible” en el que el MGAP incorpora “un único concepto: el de la producción, el ambiente y la salud”. Habló de los códigos internacionales de agroquímicos por los que se guía nuestro país y de cómo se hace el registro de los productos (la categoría toxicológica es definida por el CIAT); detalló los requisitos que deben cumplir las empresas aplicadoras de agroquímicos (como estar registradas y autorizadas por el MGAP); las distancias mínimas que deben respetar y cómo deben limpiar sus equipos, gestionar envases vacíos y mencionó un proyecto de registro satelital de aplicaciones que está desarrollando el MGAP.

Amalia Laborde aclaró que prefiere hablar de plaguicidas y no de agroquímicos, porque son productos que también se usan también a nivel doméstico, médico y sanitario. El CIAT evalúa la peligrosidad de las sustancias y los escenarios de exposición. Dijo que la contaminación varía si la sustancia es persistente o no; si ésta tiene una degradación lenta y contamina, es un plaguicida prioritario a la hora de controlar. Distinguió los efectos agudos de los crónicos. Los primeros se ven asociados a exposiciones directas, principalmente de los trabajadores que aplican los productos: intoxicaciones agudas, efectos irritantes (afecciones de piel o respiratorias), problemas hematológicos, hepáticos o neurológicos. Pero declaró que a nivel científico hay incertidumbre respecto a los efectos crónicos y a largo plazo. Comentó que las etiquetas de los plaguicidas solo tienen información sobre la toxicidad aguda, y que eso es algo a mejorar. Acotó que la peligrosidad depende también de la dosis y del uso. Opinó que la prohibición no necesariamente es la solución, porque a veces los productos se sustituyen por otros que presentan mayor incertidumbre. Afirmó que se debe evaluar para qué se usa una sustancia química, cuál es el beneficio real, y que se puedan controlar todos los medios a través de los cuales las personas están expuestas. Añadió que el agua que bebemos “debe tener monitorización de los plaguicidas más utilizados en el país, independientemente de cómo estén clasificados desde el punto de vista toxicológico”.

Andrés Pérez dio cuenta de los diferentes usos de pesticidas y mencionó los residuos que pueden quedar en los alimentos y en el ambiente. Explicó que la norma de calidad de agua potable UNIT 833 en Uruguay analiza las sustancias clasificadas como prioritarias, las que tienen una concentración máxima admisible (por ejemplo, dijo que se analizan los residuos de glifosato, atrazina, 2,4D, alaclor). Reseñó una investigación que él coordina en la zona de Esteros de Farrapos –rodeada de un área de intensificación de cultivos de secano y forestal- que usa peces como bioindicadores. El proyecto analizó 72 pesticidas en peces -muchos más de los que nos exigen las normativas, precisó- y que “de 132 muestras solo dos no tuvieron residuos de agroquímicos”. En especies migratorias y no migratorias de peces se destaca -por la frecuencia y no por la concentración-, la presencia de dos fungicidas: trifloxistrobin y piraclostrobin. Hallaron, también, restos de plaguicidas como la ametrina (herbicida usado en el arroz); la hipótesis es que los peces los incorporan a muchos kilómetros de donde se aplican. Transmitió que están interpretando los resultados “para poder generar un esquema de sostenibilidad” entre los componentes social, económico y ambiental. Por último, cuestionó “la ética en el manejo” al mostrar los bordes de un arroyo completamente quemados con herbicida.

PREGUNTAS DEL PANEL CIUDADANO

Luego de las tres exposiciones, los panelistas consultaron acerca de la voluntad política para prohibir o controlar agroquímicos; cómo afectan al suelo los monocultivos; cómo se va a proceder con el rechazo de Alemania a comprar mieles con residuos de glifosato; cómo se gestionan los envases de agroquímicos; si se aplica el principio de precaución; si hay investigación de disruptores endócrinos en peces. Indagaron sobre la dieta básica de los peces y su impacto en la salud humana; sobre la categorización del glifosato como “probablemente cancerígeno” y la fiscalización de las distancias para fumigar.

Laborde respondió que muchos organismos muestran voluntad de controlar y prohibir productos químicos. Lamentó que muchas veces estamos marcados por una agenda internacional y que no se ha identificado correctamente cuál es el escenario de riesgo para la población uruguaya y si la restricción es necesaria. “No tener un sistema de monitoreo de exposición en la salud humana hace que no tengamos un dato fundamental que nos permita definir esas cosas que hay que poner en el primer escalón para controlar, prohibir, restringir”.

Señaló que hay más de 300 principios activos de plaguicidas en Uruguay y transmitió preocupación por el clorpirifos, un insecticida organofosforado “que no está en la agenda”, pero desde el punto de vista toxicológico es tan importante como el glifosato. Afirmó que el principio de precaución se aplica para todas las sustancias. “Hay una idea errónea de que aplicar el principio de precaución significa prohibir, y no implica prohibir; implica actuar para cortar la posibilidad de la exposición”, con normativa, educación, reglas de uso, control y monitoreo. En cuanto al glifosato, indicó que algunos países lo prohibieron rápidamente, pero que siguen teniendo otros plaguicidas de la misma toxicidad. Acotó que otras veces los países prohíben sustancias por entender que tienen una presencia importante en el agua, que son peligrosas y que no las pueden controlar.

Montes respondió que la voluntad política no se manifiesta solo en normativas. Señaló que el MGAP está preocupado por el tema agroquímicos; dijo que por eso instruye a 1.400 aplicadores por año y consideró que “haciendo un uso adecuado no se genera ningún problema”. Sostuvo que la mayor contaminación no se da por el uso de agroquímicos, sino por la erosión de suelos, algo que se arrastra desde la década de 1950. Sobre los monocultivos, contestó que el MGAP está reeditando la ley de conservación de uso del suelo. Por otra parte, opinó que “Uruguay debe generar su propio modelo de riesgo medioambiental” y ver cuáles son nuestros riesgos: “¿El Uruguay está dispuesto a transitar un camino de coexistencia entre diferentes modelos productivos y de convivencia entre los ciudadanos? Ese es el desafío que tenemos por delante.

No pasa por decir ‘acá no hagas soja, acá no hagas viticultura, quien haya encontrado en cada uso un modelo de vida, de desarrollo y un modelo productivo y social, bueno, hagamos las cosas bien y seguramente vamos a poder coexistir y convivir”. Pérez explicó que los disruptores endócrinos de mayor interés en aguas son los contaminantes emergentes, que no están vinculados a agroquímicos sino a productos usados por el ser humano y excretados a las aguas, como fármacos y hormonas. En cuanto al estudio de residuos de plaguicidas en peces en Esteros de Farrapos, aseguró que “no existe ningún tipo de alarma” y que son en una escala muy baja, “son menos a los que alguien está expuesto al consumir una manzana”. En cuanto a las mieles y el glifosato, contestó que “no sabemos si es porque el glifosato fue recientemente clasificado como cancerígeno o es una traba al comercio”.

Una de las últimas preguntas del Panel indagó en la opinión de los expositores sobre qué habría que mejorar y qué se está haciendo bien. Montes respondió que “es un deber como país el aumentar enormemente el rigor científico”.

Agregó que “no puedo sancionar a un aeroaplicador por decir que alguien fumigó por arriba de la escuela, no lo puedo hacer porque el avión volaba a 1.342 metros de la escuela y la ley dice que es hasta 500 metros, pero a alguien se le ocurrió que era interesante decir que el avión había fumigado por arriba de la escuela. Eso no se hace”.

Laborde rescató que algo que se hace bien es que se registra y dijo que, a diferencia de lo que ocurre con muchos productos utilizados en la industria, todos los plaguicidas se registran, puede identificarse la sustancia, cómo y quién la usa. “¿Qué se hace mal? Medimos pocas cosas. Sería importante medir y tener información permanente para poder tomar decisiones. Medir en medios (agua por ejemplo), en alimentos y en seres humanos, eso permitiría zanjar muchas de las discusiones, enfrentamientos y preocupaciones legítimas que tiene la población, por ejemplo a nivel rural”, respondió.

Pérez insistió en que hay que mejorar la conciencia ciudadana en materia ambiental. Volviendo a los agroquímicos, expresó que “tenemos que reflexionar de forma interna a nivel nacional sobre cuál es el modelo que queremos seguir”.

Las preguntas sobre el tema agroquímicos a continuación fueron enviadas a todo el Grupo Asesor después de la segunda reunión (en la cual tuvo lugar el coloquio):

¿Cuál es su posición sobre el uso de agroquímicos (glifosato y otros)? ¿Qué clase de estudios, evidencias y visiones la sostienen?

Respuesta del integrante del Grupo Asesor Federico Gyurkovits

El problema no es el uso, sino el abuso, como en muchas otras cosas. La cuestión es que los modelos de desarrollo económico obligan a mejorar la productividad siempre, y en este sentido, la industria química ha sabido impulsar este desarrollo, en base a productos cada vez más tóxicos para el ambiente y las personas, según lo demuestran análisis hechos en Uruguay por el Ministerio de Salud Pública y la Dirección Nacional de Medio

Ambiente, ante denuncias de vecinos que sufren la fumigación intensiva en los campos aledaños o cercanos a sus hogares o centros educativos. A esto se suma que las semillas transgénicas se fabrican para ser resistentes a estos productos para mejorar la productividad. Pero como las plagas que afectan los cultivos también se van transformando (ocurre lo mismo con los medicamentos para humanos, a los cuales algunas bacterias se han vuelto resistente) entonces se está recurriendo a cócteles que combinan productos y los vuelven para peligrosos para el entorno.

Si bien en Uruguay no hay investigación científica sobre las consecuencias sociales tras diez años de agricultura extensiva, el debate académico y la generación de conocimiento sobre estos temas dejan cada vez más claro que las consecuencias para la salud humana, animal y vegetal (incluyendo calidad del aire y de las aguas) son negativas.

Se sabe si que el aumento de agrotóxicos en los últimos siete años ha sido de 417% en herbicidas y 52% en insecticidas.

Respuesta del integrante del Grupo Asesor Jorge Ramada

Nuestra posición es que el uso de productos químicos en el agro debe realizarse con las máximas precauciones, con previo conocimiento de sus posibles efectos negativos a la salud y al ambiente y cuidando que los beneficios para la generación del trabajo y la producción justifiquen su uso. En principio deben evitarse lo más posible, pues su toxicidad se potencia por la resistencia que generan en la naturaleza y la aparición de nuevas malezas (por ejemplo, en Uruguay, la yerba carnicera). Se sabe que la agricultura familiar evita el uso de agroquímicos y hay estudios que muestran que no es menos eficiente que la agricultura mecanizada. No podemos basarnos en estudios provenientes de instituciones de los países productores de agroquímicos, porque muchos de ellos están pagados por las corporaciones tanto afirmativamente para colocar sus productos, como negativamente para desvalorizar competidores. De todos modos hay muchos estudios a nivel de organismos reconocidos, como FAO, que problematizan su uso.

En cuanto a evidencias, las hay abundantes a lo largo de todo el mundo sobre los efectos nocivos de muchos de estos productos para la salud humana y para el medio ambiente. En nuestro país se puede destacar la afectación de cursos de agua necesarios para generar agua potable. La visión que sostiene nuestra posición que debe irse a otro modelo productivo que genere trabajo decente, en un marco fuertemente sustentable.

¿Cuáles son los posibles efectos de los agroquímicos en el ambiente y en los seres humanos? ¿Hay evidencia de ello? Si no es así ¿debería aplicarse el principio de precaución?

Respuesta del integrante del Grupo Asesor Federico Gyurkovits

Según la última categorización de la Organización Mundial para la Salud, el glifosato es un producto “probablemente cancerígeno para el ser humano».

Hay también estudios toxicológicos recientes que muestran que los herbicidas en base a glifosato pueden ser altamente tóxicos para animales y humanos, producir trastornos reproductivos y, como ya mencione en base a la OMS, llegar a ser cancerígenos.

Respuesta del integrante del Grupo Asesor Jorge Ramada

Todo producto químico tiene efectos sobre el ambiente y los seres humanos. El tema es conocer con evidencia suficiente cuáles son esos efectos para cada producto, de modo de definir la conveniencia o inconveniencia y las condiciones de su uso.

Hay evidencia abundante acerca de efectos nocivos de muchos agroquímicos en el ambiente y en los seres humanos. Numerosos estudios académicos han comprobado efectos sobre la polinización de las abejas, muertes masivas de pescados y otros animales, y afectación a los cursos de agua.

Es claro que debe aplicarse el principio de precaución, es decir, no debería autorizarse el uso de ningún producto químico hasta tanto no esté razonablemente probada su inocuidad o asegurada la prevención de sus daños. Lo contrario implica utilizar al ambiente y a los trabajadores de nuestros países como conejillos de indias. Como ejemplo, se agregaron genes de bacterias insecticidas (BT) a algunas plantas, para cuya resistencia no están preparados los seres humanos ni los animales en general.

¿Por qué se ha prohibido el uso del glifosato en varios países y no en Uruguay?

Respuesta del integrante del Grupo Asesor Federico Gyurkovits

La explicación oficial es que porque no está demostrado que sea cancerígeno. Por otro lado, el glifosato es calve para la soja transgénica, porque mata todo lo que este al lado de la planta, menos a la planta, y explica en gran parte el boom sojero que hubo en el país entre 2000 (menos de 10 hectáreas sembradas y 2015, más de un millón de hectáreas sembradas), fenómeno que a su vez explica en buena medida el crecimiento económico del país.

Respuesta del integrante del Grupo Asesor Jorge Ramada

En realidad, esa respuesta deberían darla las autoridades correspondientes (MGAP y DINAMA). La autorización se da como apoyo a empresas sojeras, cuya producción mejora los indicadores macroeconómicos, pero comprometiendo el territorio. Los países que lo prohíben son aquellos que disponen de estructuras estatales fuertes con apoyo técnico relevante y participación social más atendida. En Uruguay, nuestra dependencia de corporaciones multinacionales hace que nos impongan el uso de determinadas semillas.

Sobre los controles del uso de agroquímicos: ¿Cada cuánto se hacen, cómo y en dónde? ¿Qué dice nuestra normativa al respecto? ¿Existe un “equipo” de control con poder de coacción y posibilidades de hacerlo de forma práctica? ¿Existen multas y sanciones? ¿Cuáles?

Respuesta del integrante del Grupo Asesor Federico Gyurkovits

Los controles sobre el uso de agroquímicos se realizan a pedido de parte. No hay un plan nacional de control, ni tampoco el personal suficiente, en cuanto a cantidad y capacitación adecuada para aplicarlo en caso de que lo hubiere. La normativa a nivel nacional lo que dice es que la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Dirección de Servicios Agrícolas y el Ministerio de Salud Pública son los responsables de velar, cada uno en su área de competencia, por el impacto que pueda significar el uso de agroquímicos.

Por otro lado, a nivel departamental, las intendencias también tienen potestad de intervenir en función de la ley de desarrollo sostenible que les concede potestades regulatorias. Por ejemplo: Canelones es la única intendencia del país que avanzó sobre la legislación nacional y, por un lado, prohibió la fumigación con agroquímicos vía aérea en todo su territorio. Y por otro lado, aumentó las distancias mínimas exigidas para plantar cultivos que requieran agroquímicos de los cursos de agua.

Todos los organismos enumerados tienen a su vez poder sancionatorio a nivel económico. Más allá de esto, no existe en la legislación nacional la tipificación de delitos ambientales. Es decir que si el sancionado tiene el dinero suficiente, paga, y puede continuar con su actividad.

Respuesta del integrante del Grupo Asesor Jorge Ramada

Sobre los detalles también deberían responder las autoridades. Nuestra opinión es que el poder de coacción es pobre, como lo muestran los sucesos de poblaciones fumigadas una y otra vez sin que haya podido evitarse.

¿Consideran que lo anterior es suficiente? Si consideran que no, ¿cómo debería procederse?

Respuesta del integrante del Grupo Asesor Jorge Ramada

Hasta donde tenemos información, es insuficiente, en la medida en que aparecen periódicamente eventos de alteración de cursos de agua e intoxicaciones de trabajadores. Debería cambiarse el modelo de producción, ya que el actual depende mucho del uso de agroquímicos, mucha energía y agua que no se paga; métodos favorecidos por las renuncias fiscales y perdón de impuestos que sí pagamos los trabajadores.

Entre otras cosas deben instrumentarse zonas de protección, como los bosques ribereños y prohibir las peores formas de aplicación, como la fumigación aérea.

Parece haber evidencia del no cumplimiento de la normativa en muchos casos (por ejemplo, controles del uso de envases de agroquímicos). ¿Cómo mejorar el cumplimiento de la normativa?

Respuesta del integrante del Grupo Asesor Federico Gyurkovits

Deberían existir delitos ambientales que inhabiliten a quienes sean hallados responsables a desempeñarse en áreas de sensibilidad ambiental, por ejemplo el uso de agroquímicos.

Respuesta del integrante del Grupo Asesor Jorge Ramada

Como para cualquier normativa, la forma de asegurar su cumplimiento es con información, control y sanciones (o estímulos). Adecuada información y capacitación a los usuarios acerca de las características de los productos que usan, cumpliendo a cabalidad con el Decreto 321/09; controles planificados y sistemáticos sobre el tipo, cantidades y formas de aplicación; cobro de tasa sobre los envases promoviendo su retorno.

¿La normativa sobre los niveles permitidos de agroquímicos es adecuada?

Respuesta del integrante del Grupo Asesor Federico Gyurkovits

Hasta donde sé, la normativa no habla de niveles permitidos de uso de agroquímicos.

Respuesta del integrante del Grupo Asesor Jorge Ramada

Las normativas que establecen niveles permitidos no pueden ser generales. Deben tomar en cuenta las características de cada zona y además revisarse periódicamente a la luz de la información que vaya surgiendo de la experiencia nacional e internacional. Nuestra normativa actual es permisiva, pues no considera apropiadamente los impactos acumulados, el problema de los nutrientes y la subsecuente explosión de algas tóxicas.

¿Cuáles son los principales desafíos para tener en cuenta?

Respuesta del integrante del Grupo Asesor Jorge Ramada

La degradación de agua y suelo, la carencia de fondos para mitigar y remediar la pérdida de calidad. En particular siguen sin usarse instrumentos ya disponibles hace años, como el canon al uso de agua. Su no cobro durante todo este período ha significado en los hechos un subsidio encubierto al agronegocio y a la industria.

Si en la propuesta de Plan Nacional de Aguas se plantea una gestión integrada del agua, ¿cómo cabría manejar el tema de los agroquímicos?

Respuesta de la integrante del Grupo Asesor Ing. Agr. Anahit Aharonian

Hay abundante evidencia sobre los impactos negativos de este modelo de producción que conduce a un excesivo uso de agrotóxicos y cómo éstos impactan negativamente en la salud humana y en los ecosistemas en general.

Sin embargo, no hemos visto evidencia científica demostrando los beneficios de este modelo de producción. Nos dicen que aumenta el PIB, que se aumentan las ganancias, sin aclarar que ese dinero es de y para privados ni explican que el PIB es un indicador macroeconómico que no mide ni cómo se reparten las ganancias y menos mide aún la calidad de vida de los habitantes del territorio donde esta producción se lleva adelante. Por otra parte, se hace uso de los medios para propagar el imaginario que este aumento del PIB significa «progreso», «desarrollo», etc.

Hemos insistido en la necesidad de postergar la aceptación del PNA para que la ciudadanía de verdad pueda discutir estos temas que atañen a todos y no a algunos pocos.

No creo adecuado enfocar un análisis a través de una simplificación de: agroquímicos/ agrotóxicos sí o agroquímicos/ agrotóxicos no. Desde un punto de vista científico, hay que buscar un enfoque global donde se pueda comprender por qué se utilizan dichos productos, quiénes lo impulsan y presionan para su uso, etc. Si miramos el paquete tecnológico que seguimos comprando a grandes empresas que nos imponen qué plantar, dónde, cuánto y para quién, quizá comprendamos que nuestras decisiones no son soberanas y de ninguna manera buscan asegurar la alimentación de todos los habitantes del territorio.

El estado uruguayo debería controlar e impulsar una política diferente respecto al uso y manejo de nuestro territorio. Pero nada de ello está ocurriendo. Hay denuncias muchas y variadas en investigaciones realizadas donde se demuestra que no se ha podido controlar -por ejemplo- que una ciudad eche sus vertidos directamente en los ríos, que los frigoríficos y tambos lo hagan también. Todos los sabemos y no se ha cambiado esta realidad.

Adjuntamos varios trabajos donde se evidencian los impactos negativos de los diferentes productos que lamentablemente van asociados al uso del suelo que se aprueba y celebra. Estos documentos están disponibles en la carpeta llamada Materiales agroquímicos.

Respuesta del integrante del Grupo Asesor Jorge Ramada

Lo principal a tomar en cuenta es que debe priorizarse el mantenimiento de la calidad del agua, de acuerdo con los lineamientos del Plan, por encima de los requerimientos empresariales para el uso de agroquímicos; pero no son solo los plaguicidas, sino también los fertilizantes en exceso, así como fuentes puntuales de contaminación como frigoríficos, tambos, feed-lots, ciudades y mega-emprendimientos.