Contar con más elementos para comprender mejor las controversias asociadas al uso de agroquímicos en Uruguay fue uno de los temas planteados por el Panel Ciudadano de Deci Agua en su primer encuentro. Para eso, el domingo 13 de noviembre, en la segunda reunión del Panel, se desarrolló un mini-coloquio sobre el tema.

(Puedes descargar el informe del Coloquio sobre Agroquímicos_Deci Agua)

Los expositores fueron:

• Federico Montes, responsable de la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (DGSA-MGAP)
• Amalia Laborde, directora del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) y del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT)
• Andrés Pérez, docente de la Facultad de Química (Udelar) y del Centro Universitario Regional Este (CURE-Udelar)

Las preguntas del Panel Ciudadano habían sido transmitidas con anterioridad a los expositores. Apuntaron a conocer los posibles efectos de los agroquímicos en el ambiente y en los seres humanos, cómo se determina la prohibición de algunos de ellos (como el glifosato en algunos países), cómo se hacen los controles y se aplican las multas, y cómo cabría manejar el tema agroquímicos en la gestión integrada del agua que proyecta hacer el Plan Nacional de Aguas.

Federico Montes explicó que Uruguay es un país de base agropecuaria y productor de alimentos, que ha definido el eje de la “intensificación sostenible” en el que el MGAP incorpora “un único concepto: el de la producción, el ambiente y la salud”. Habló de los códigos internacionales de agroquímicos por los que se guía nuestro país y de cómo se hace el registro de los productos (la categoría toxicológica es definida por el CIAT); detalló los requisitos que deben cumplir las empresas aplicadoras de agroquímicos (como estar registradas y autorizadas por el MGAP); las distancias mínimas que deben respetar y cómo deben limpiar sus equipos, gestionar envases vacíos y mencionó un proyecto de registro satelital de aplicaciones que está desarrollando el MGAP.

Escuchar exposición de Federico Montes.

Ver presentación de Federico Montes.

Amalia Laborde aclaró que prefiere hablar de plaguicidas y no de agroquímicos, porque son productos que también se usan también a nivel doméstico, médico y sanitario. El CIAT evalúa la peligrosidad de las sustancias y los escenarios de exposición. Dijo que la contaminación varía si la sustancia es persistente o no; si ésta tiene una degradación lenta y contamina, es un plaguicida prioritario a la hora de controlar. Distinguió los efectos agudos de los crónicos. Los primeros se ven asociados a exposiciones directas, principalmente de los trabajadores que aplican los productos: intoxicaciones agudas, efectos irritantes (afecciones de piel o respiratorias), problemas hematológicos, hepáticos o neurológicos. Pero declaró que a nivel científico hay incertidumbre respecto a los efectos crónicos y a largo plazo. Comentó que las etiquetas de los plaguicidas solo tienen información sobre la toxicidad aguda, y que eso es algo a mejorar. Acotó que la peligrosidad depende también de la dosis y del uso. Opinó que la prohibición no necesariamente es la solución, porque a veces los productos se sustituyen por otros que presentan mayor incertidumbre. Afirmó que se debe evaluar para qué se usa una sustancia química, cuál es el beneficio real, y que se puedan controlar todos los medios a través de los cuales las personas están expuestas. Añadió que el agua que bebemos “debe tener monitorización de los plaguicidas más utilizados en el país, independientemente de cómo estén clasificados desde el punto de vista toxicológico”.

Exposición de Amalia Laborde.

Andrés Pérez dio cuenta de los diferentes usos de pesticidas y mencionó los residuos que pueden quedar en los alimentos y en el ambiente. Explicó que la norma de calidad de agua potable UNIT 833 en Uruguay analiza las sustancias clasificadas como prioritarias, las que tienen una concentración máxima admisible (por ejemplo, dijo que se analizan los residuos de glifosato, atrazina, 2,4D, alaclor). Reseñó una investigación que él coordina en la zona de Esteros de Farrapos –rodeada de un área de intensificación de cultivos de secano y forestal- que usa peces como bioindicadores. El proyecto analizó 72 pesticidas en peces -muchos más de los que nos exigen las normativas, precisó- y que “de 132 muestras solo dos no tuvieron residuos de agroquímicos”. En especies migratorias y no migratorias de peces se destaca -por la frecuencia y no por la concentración-, la presencia de dos fungicidas: trifloxistrobin y piraclostrobin. Hallaron, también, restos de plaguicidas como la ametrina (herbicida usado en el arroz); la hipótesis es que los peces los incorporan a muchos kilómetros de donde se aplican. Transmitió que están interpretando los resultados “para poder generar un esquema de sostenibilidad” entre los componentes social, económico y ambiental. Por último, cuestionó “la ética en el manejo” al mostrar los bordes de un arroyo completamente quemados con herbicida.

Exposición de Andrés Pérez. 

Ver presentación de Andrés Pérez.

Preguntas del Panel Ciudadano

Luego de las tres exposiciones, los panelistas consultaron acerca de la voluntad política para prohibir o controlar agroquímicos; cómo afectan al suelo los monocultivos; cómo se va a proceder con el rechazo de Alemania a comprar mieles con residuos de glifosato; cómo se gestionan los envases de agroquímicos; si se aplica el principio de precaución; si hay investigación de disruptores endócrinos en peces. Indagaron sobre la dieta básica de los peces y su impacto en la salud humana; sobre la categorización del glifosato como “probablemente cancerígeno” y la fiscalización de las distancias para fumigar.

Escuchar preguntas del Panel Ciudadano.

Laborde respondió que muchos organismos muestran voluntad de controlar y prohibir productos químicos. Lamentó que muchas veces estamos marcados por una agenda internacional y que no se ha identificado correctamente cuál es el escenario de riesgo para la población uruguaya y si la restricción es necesaria. “No tener un sistema de monitoreo de exposición en la salud humana hace que no tengamos un dato fundamental que nos permita definir esas cosas que hay que poner en el primer escalón para controlar, prohibir, restringir”. Señaló que hay más de 300 principios activos de plaguicidas en Uruguay y transmitió preocupación por el clorpirifos, un insecticida organofosforado “que no está en la agenda”, pero desde el punto de vista toxicológico es tan importante como el glifosato. Afirmó que el principio de precaución se aplica para todas las sustancias. “Hay una idea errónea de que aplicar el principio de precaución significa prohibir, y no implica prohibir; implica actuar para cortar la posibilidad de la exposición”, con normativa, educación, reglas de uso, control y monitoreo. En cuanto al glifosato, indicó que algunos países lo prohibieron rápidamente, pero que siguen teniendo otros plaguicidas de la misma toxicidad. Acotó que otras veces los países prohíben sustancias por entender que tienen una presencia importante en el agua, que son peligrosas y que no las pueden controlar.

Montes respondió que la voluntad política no se manifiesta solo en normativas. Señaló que el MGAP está preocupado por el tema agroquímicos; dijo que por eso instruye a 1.400 aplicadores por año y consideró que “haciendo un uso adecuado no se genera ningún problema”. Sostuvo que la mayor contaminación no se da por el uso de agroquímicos, sino por la erosión de suelos, algo que se arrastra desde la década de 1950. Sobre los monocultivos, contestó que el MGAP está reeditando la ley de conservación de uso del suelo. Por otra parte, opinó que “Uruguay debe generar su propio modelo de riesgo medioambiental” y ver cuáles son nuestros riesgos: “¿El Uruguay está dispuesto a transitar un camino de coexistencia entre diferentes modelos productivos y de convivencia entre los ciudadanos? Ese es el desafío que tenemos por delante. No pasa por decir ‘acá no hagas soja, acá no hagas viticultura, quien haya encontrado en cada uso un modelo de vida, de desarrollo y un modelo productivo y social, bueno, hagamos las cosas bien y seguramente vamos a poder coexistir y convivir”.

Pérez explicó que los disruptores endócrinos de mayor interés en aguas son los contaminantes emergentes, que no están vinculados a agroquímicos sino a productos usados por el ser humano y excretados a las aguas, como fármacos y hormonas. En cuanto al estudio de residuos de plaguicidas en peces en Esteros de Farrapos, aseguró que “no existe ningún tipo de alarma” y que son en una escala muy baja, “son menos a los que alguien está expuesto al consumir una manzana”. En cuanto a las mieles y el glifosato, contestó que “no sabemos si es porque el glifosato fue recientemente clasificado como cancerígeno o es una traba al comercio”.

Una de las últimas preguntas del Panel indagó en la opinión de los expositores sobre qué habría que mejorar y qué se está haciendo bien.

Montes respondió que “es un deber como país el aumentar enormemente el rigor científico”. Agregó que “no puedo sancionar a un aeroaplicador por decir que alguien fumigó por arriba de la escuela, no lo puedo hacer porque el avión volaba a 1.342 metros de la escuela y la ley dice que es hasta 500 metros, pero a alguien se le ocurrió que era interesante decir que el avión había fumigado por arriba de la escuela. Eso no se hace”. 

Laborde rescató que algo que se hace bien es que se registra y dijo que, a diferencia de lo que ocurre con muchos productos utilizados en la industria, todos los plaguicidas se registran, puede identificarse la sustancia, cómo y quién la usa. “¿Qué se hace mal? Medimos pocas cosas. Sería importante medir y tener información permanente para poder tomar decisiones. Medir en medios (agua por ejemplo), en alimentos y en seres humanos, eso permitiría zanjar muchas de las discusiones, enfrentamientos y preocupaciones legítimas que tiene la población, por ejemplo a nivel rural”, respondió.

Pérez insistió en que hay que mejorar la conciencia ciudadana en materia ambiental. Volviendo a los agroquímicos, expresó que “tenemos que reflexionar de forma interna a nivel nacional sobre cuál es el modelo que queremos seguir”.

Escuchar respuestas de los tres expositores.